Antecedentes del caso

Dos demandas por pérdida de investidura fueron presentadas en contra de un representante a la Cámara, fundamentadas en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, que establece la pérdida de investidura por la indebida destinación de dineros públicos. En particular, se señala que en enero de 2021, funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista habrían sido asignados para actividades ajenas a sus funciones oficiales, situación que fue difundida por varios medios de comunicación.

Decisión sobre la acumulación y reforma de la demanda

Dado que las demandas se basan en la misma causal y hechos similares, y no se han practicado pruebas en ninguno de los procesos, el Consejo de Estado ordenó la acumulación de ambos casos conforme a lo previsto en la Ley 1881 de 2018. Posteriormente, se admitió la reforma de una de las demandas para aportar nuevas pruebas, considerando que esta fue presentada en tiempo oportuno y cumple con los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Próximos pasos procesales

Se ha dispuesto el traslado al representante demandado para que responda a la reforma de la demanda en un término de cinco días hábiles a partir de la notificación. Además, se requirió con carácter urgente a la Secretaría General de la Corporación para que remita un expediente pendiente relacionado con otro proceso de pérdida de investidura contra el mismo congresista. Una vez ejecutoriada esta providencia, los procesos acumulados serán ingresados al despacho correspondiente para decidir sobre el decreto y práctica de pruebas. Este caso destaca...