Antecedentes del caso

Una acción de tutela fue presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición. La solicitante radicó un derecho de petición el 19 de marzo de 2025, dirigido a obtener información sobre el secuestro y remate de un bien inmueble relacionado con un proceso de jurisdicción coactiva. La petición incluía solicitudes específicas sobre la actuación administrativa relacionada con el embargo y remate del inmueble. La accionante afirmó que no recibió respuesta a esta solicitud, por lo que acudió a la tutela para proteger su derecho a obtener una respuesta clara, completa y oportuna.

Trámite y respuestas de las entidades

El Consejo Superior de la Judicatura recibió la petición y, el 28 de marzo de 2025, la remitió por competencia a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la División de Cobro Coactivo para su trámite y gestión, notificando esta remisión a la solicitante. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – División de Cobro Coactivo informó que, aunque la petición fue radicada el 19 de marzo, ésta fue direccionada al abogado encargado el 29 de abril de 2025, debido a la alta carga de trabajo de este funcionario, responsable de aproximadamente 900 procesos. Finalmente, la respuesta de fondo se emitió mediante resolución del 29 de mayo de 2025, explicando que los procesos de cobro coactivo están protegidos por reserva legal, y que la solicitante no tenía legitimidad para acceder a información específica, al no ser parte procesal en el proceso en cuestión.

Consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado señaló que el derecho fundamental de petición implica el...