El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, analizó una acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la Nación. La solicitud buscaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima, en el contexto de un proceso de insolvencia que se encontraba suspendido.

Antecedentes del caso

El trámite inició con la solicitud de insolvencia ante un centro de conciliación autorizado, que fue admitida y llevó a un acuerdo conciliatorio aprobado por los acreedores. Sin embargo, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia revocó la autorización otorgada al Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica para adelantar estos procedimientos, lo que generó la suspensión del trámite. Posteriormente, la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos llevó a cabo una audiencia de conciliación extrajudicial que derivó en un acuerdo entre las partes, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó dicho acuerdo, aduciendo que no se evidenció ilegalidad en los actos administrativos conciliados.

Análisis jurídico y decisión

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y debe cumplir con requisitos como relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y no reabrir debates ya resueltos en instancias judiciales. Además, se enfatizó que la legitimación activa para interponer tutela corresponde a quienes sean titulares directos de los derechos fundamentales afectados. En este caso, se concluyó que el accionante no estaba legitimado...