Antecedentes y objeto de la decisión

La acción de tutela fue promovida contra providencias judiciales dictadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral. La solicitante reclamaba la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad, en relación con la negativa al reconocimiento de su pensión de jubilación bajo el régimen especial previsto en el Decreto 1214 de 1990. Las providencias cuestionadas, emitidas en primera y segunda instancia por el juzgado y el tribunal administrativo respectivos, negaron las pretensiones de la demanda por considerar que la actora no cumplía con los requisitos para acceder al régimen pensional especial por haber adquirido la calidad de personal civil con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

Fundamentos de la solicitud y argumentos de las partes

La accionante sostuvo que no se valoraron adecuadamente las pruebas relacionadas con su tiempo de servicio en entidades del sector público y defensa, y que se desconoce la aplicación de la ley especial y la jurisprudencia pertinente que amparan su derecho a la pensión. Argumentó además violaciones a derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el tribunal administrativo y el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, defendieron la improcedencia de la acción por tratarse de un asunto ya resuelto en sede ordinaria y por no cumplirse el requisito de inmediatez, dado que la tutela fue presentada más de dos años después de notificadas las providencias cuestionadas.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

La sala recordó que la...