El caso se originó por una acción de tutela interpuesta ante el Consejo de Estado, en la que se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, relacionados con la inmovilización de un vehículo propiedad del accionante. El despacho ponente recordó que, según el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela contra autoridades o entidades públicas de orden departamental, distrital o municipal deben ser conocidas en primera instancia por los juzgados municipales correspondientes. En este sentido, al tratarse de una acción contra la inspección de tránsito y transporte del municipio de Barrancabermeja, la competencia recae en los juzgados municipales de ese territorio.

Competencia territorial y jurisdiccional

Además, se enfatizó que la presunta vulneración de derechos ocurrió en ese municipio, lugar donde el accionante reside, lo que refuerza la competencia de los juzgados municipales en atención al artículo 373 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, se tuvo en cuenta que el accionante dirigió la tutela a jueces civiles o penales municipales, manifestando así su voluntad de que sea tramitada en esa jurisdicción.

Decisión y consecuencias

En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió remitir la acción de tutela a los juzgados municipales de Barrancabermeja para que realicen el correspondiente reparto y trámite de la misma. Este pronunciamiento reafirma la importancia de respetar las reglas de competencia en las acciones de tutela, garantizando que se tramiten en la jurisdicción adecuada para proteger eficazmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, se busca asegurar que los procesos judiciales se desarrollen en el ámbito territorial y jurisdiccional...