El caso se originó por una acción de tutela interpuesta ante el Consejo de Estado, en la que se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, relacionados con la inmovilización de un vehículo propiedad del accionante. El despacho ponente recordó que, según el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela contra autoridades o entidades públicas de orden departamental, distrital o municipal deben ser conocidas en primera instancia por los juzgados municipales correspondientes. En este sentido, al tratarse de una acció ...