Antecedentes del proceso

Un ciudadano promovió un medio de control de nulidad contra la Resolución 1216 de 2015, mediante la cual el Ministerio de Salud dio cumplimiento a directrices relacionadas con la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Se solicitó la suspensión provisional de los efectos de dicha resolución, la cual fue negada inicialmente y confirmada en decisiones posteriores. Posteriormente, se acumularon varios procesos relacionados. Contra la decisión de negar la suspensión provisional, se interpuso recurso de reposición por parte de un representante legal de una fundación y otro ciudadano.

Argumentos en los recursos de reposición

Los recurrentes alegaron que negar la medida cautelar implicaba desconocer la igualdad de las partes, argumentando que mientras el Estado reconoce el derecho a la eutanasia, no se garantizan suficientemente los servicios de salud para quienes los requieren. También señalaron que el tema, por involucrar derechos fundamentales, debería ser regulado mediante Ley Estatutaria. Además, se sostuvo que la resolución cuestionada reglamentaba una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, lo cual no sería procedente, y que la regulación de este tema debería corresponder al Congreso de la República.

Consideraciones y decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó que para que proceda una suspensión provisional es necesario que el acto administrativo cuestionado se encuentre vigente y produciendo efectos jurídicos. En este caso, la resolución demandada fue derogada expresamente por la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, que estableció un nuevo procedimiento para la recepción, trámite y reporte de solicitudes de eutanasia y directrices para el comité correspondiente. Dado que la resolución impugnada perdió vigencia y obligatoriedad, la solicitud de suspensión provisional perdió objeto, ya que la medida cautelar busca evitar que un acto administrativo siga produciendo efectos mientras se resuelve el proceso. Por lo anterior, el Consejo de Estado confirmó la decisión que negó la suspensión provisional y no accedió al recurso de reposición interpuesto.

Impacto y vigencia

Esta decisión reafirma la doctrina sobre la improcedencia de medidas cautelares cuando el acto administrativo cuestionado ha sido derogado o modificado. Además, confirma la vigencia de la Resolución 971 de 2021 como la norma aplicable en materia de organización y funcionamiento del comité para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad en Colombia. La resolución impugnada dejó de regir desde la publicación de la norma derogatoria, por lo que no produce efectos jurídicos actualmente. De esta manera, se garantiza que el marco normativo vigente responda a las necesidades actuales en la protección de los derechos fundamentales relacionados con el derecho a morir con dignidad.

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Consejo de Estado confirma negación de suspensión provisional a resolución del Ministerio de Salud sobre derecho a morir con dignidad

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