Antecedentes del caso

El caso se originó con la solicitud presentada ante la Fiscalía General de la Nación para extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial sobre la bonificación judicial establecida por el Decreto 382 de 2013, con el fin de que esta bonificación sea reconocida como factor para liquidar las prestaciones sociales de un servidor público. La Fiscalía negó la solicitud, lo que llevó a la parte interesada a solicitar ante el Consejo de Estado la ampliación del margen de aplicación de dicha sentencia.

Competencia y procedimiento

La Sala Segunda del Consejo de Estado asumió la competencia para tramitar la solicitud, conforme a lo establecido en los artículos 125 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se recordó que los conjueces, designados por sorteo para suplir a magistrados impedidos, deben actuar hasta concluir el proceso, salvo que la integración de la sala cambie y no haya impedimentos para los nuevos magistrados.

Aspectos normativos y jurisprudenciales

La extensión de jurisprudencia busca garantizar la aplicación uniforme del derecho y evitar la necesidad de iniciar nuevos procesos judiciales para casos iguales ya decididos. La Ley 2080 de 2021 modificó el procedimiento para este mecanismo, estableciendo etapas claras desde la presentación de la solicitud hasta la decisión de fondo. Además, se destacó que las sentencias de unificación del Consejo de Estado tienen fuerza normativa vinculante para las autoridades administrativas.

Análisis y decisión final

El Consejo de Estado encontró que la sentencia cuya extensión se solicitaba fue adoptada por una "Sala Plena de Conjueces" que excedió el número legal de integrantes, sin sustento...