Contexto y antecedentes

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado atendió una solicitud de extensión de jurisprudencia presentada contra la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La petición buscaba aplicar los efectos de una sentencia de unificación que reconocía el derecho a la prima especial de servicios y sus correspondientes prestaciones y aportes al sistema de seguridad social. La sentencia objeto de extensión fue proferida en 2019 por una sala compuesta por conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, la solicitud fue negada inicialmente por la entidad administrativa, motivo por el cual se acudió a la jurisdicción para forzar la aplicación del fallo.

Aspectos procesales y competencia

El despacho competente consideró que la solicitud debía tramitarse conforme al artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), reconociendo la figura de los conjueces y los requisitos de competencia para su actuación. Se confirmó que el trámite judicial para la extensión de la jurisprudencia es un mecanismo especial destinado a uniformar la aplicación del derecho sin que el ciudadano deba iniciar un proceso judicial ordinario.

Fundamentos jurídicos y motivo del rechazo

El análisis determinó que la sentencia cuya extensión se solicitaba presentaba vicios procesales graves. En particular, se constató que la “Sala Plena de Conjueces” que adoptó la decisión no cumplió con las normas constitucionales, legales ni reglamentarias que regulan la conformación y el quórum de las salas para sentencias de unificación. Se superó el número máximo de integrantes y se careció del sorteo legal para asignar la competencia a los conjueces que intervinieron. Estas irregularidades implican que la sentencia no puede considerarse una verdadera decisión de unificación jurisprudencial conforme al artículo 270 del CPACA. Por ello, la solicitud de extensión no cumplía los requisitos esenciales y debía rechazarse de plano, conforme a la normativa vigente.

Consecuencias y cierre del proceso

En consecuencia, el Consejo de Estado dejó sin efectos ni valor jurídico las providencias que admitieron y tramitaron la solicitud, rechazando definitivamente la extensión de la jurisprudencia. Con la ejecutoria de esta decisión, se archivó el proceso, ratificando la importancia de respetar los procedimientos legales para la emisión y extensión de sentencias de unificación. Este fallo reafirma el compromiso de la alta jurisdicción administrativa con la correcta conformación de sus salas y el respeto estricto a las normas procesales, garantizando la seguridad jurídica y la adecuada aplicación del derecho. Así, se mantiene la estabilidad y coherencia en la interpretación de las normas laborales y de seguridad social, protegiendo los derechos de los servidores públicos y asegurando la legitimidad de las decisiones judiciales.

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Consejo de Estado rechaza solicitud de extensión de jurisprudencia sobre prima especial de servicios

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