Antecedentes y contexto

La solicitud de extensión de jurisprudencia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, buscando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y sus correspondientes prestaciones sociales, conforme a una sentencia emitida en 2020 por la sala plena de conjueces de la sección segunda del Consejo de Estado. Dicha petición fue negada inicialmente por la entidad convocada, lo que motivó la solicitud ante el Consejo de Estado para forzar la extensión de los efectos de la sentencia.

Competencia y trámite procesal

El despacho correspondiente del Consejo de Estado asumió la competencia para tramitar la solicitud conforme a lo establecido en los artículos 125 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se recordó que, en caso de modificaciones en la conformación de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces, siempre que no existan causales de impedimento. En este caso, no se identificó impedimento para continuar con el trámite.

Fundamentos jurídicos y análisis de la solicitud

La extensión de jurisprudencia es un mecanismo judicial que busca garantizar la igualdad y uniformidad en la aplicación del derecho, evitando que los ciudadanos deban acudir a procesos contenciosos para obtener derechos ya reconocidos por sentencias de unificación del Consejo de Estado. La Ley 2080 de 2021 ajustó el procedimiento para estas solicitudes, estableciendo fases claras que incluyen la presentación razonada, análisis de admisibilidad, traslado a la entidad convocada, alegaciones y decisión de fondo. No obstante, la solicitud fue rechazada de plano debido a que la sentencia original cuya extensión se pretendía no cumplía con los requisitos...