Antecedentes y contexto del caso

La solicitud fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación para extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial que reconocía el derecho al pago de la prima especial y sus componentes salariales y de seguridad social. La petición se basaba en la condición del solicitante como fiscal y destinatario del Decreto 53 de 1993. Sin embargo, la entidad convocada negó la extensión, lo que motivó la elevación del caso al Consejo de Estado.

Competencia y trámite judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado avocó conocimiento del asunto, luego de que los magistrados titulares manifestaran impedimento para conocer el caso y se designara un conjuez mediante sorteo. Se confirmó la competencia del Consejo para tramitar solicitudes de extensión de jurisprudencia conforme a los artículos 125 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Fundamentos jurídicos y análisis normativo

El mecanismo de extensión de jurisprudencia busca garantizar la igualdad en el tratamiento jurídico y la seguridad jurídica, evitando que los ciudadanos tengan que acudir nuevamente a procesos judiciales para obtener derechos ya reconocidos en sentencias de unificación. La Ley 2080 de 2021 modificó el procedimiento, estableciendo etapas claras desde la presentación de la solicitud hasta la decisión final. No obstante, el análisis del caso reveló que la sentencia objeto de la solicitud fue adoptada por una "Sala Plena de Conjueces" integrada por un número excesivo de conjueces, sobrepasando el límite legal de seis miembros para la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, se detectaron irregularidades en el sorteo y asignación...