El Consejo de Estado, a través de su sala de lo contencioso administrativo, rechazó la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial que reconocía el derecho a la prima especial de servicios para funcionarios públicos del sector judicial. La solicitud fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y posteriormente remitida al Consejo de Estado para su trámite.

Contexto y procedimiento

La petición buscaba extender los efectos de una sentencia emitida en 2020, que reconocía el derecho a la prima especial de servicios y la reliquidación de prestaciones sociales para quienes se encuentren en situaciones similares. Sin embargo, la solicitud fue inadmitida inicialmente y luego el despacho competente avocó conocimiento del caso para continuar con el trámite. El mecanismo de extensión de jurisprudencia, previsto en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tiene por objeto garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho y evitar que los ciudadanos deban acudir a procesos judiciales para obtener derechos ya reconocidos en sentencias de unificación.

Fundamentos del rechazo

El análisis del caso reveló que la sentencia cuya extensión se solicitaba fue adoptada por una "sala plena de conjueces" integrada por un número de participantes superior al permitido legalmente. La conformación de dicha sala excedió el número máximo de magistrados de la sección correspondiente y no respetó el procedimiento de asignación mediante sorteo, lo que afectó la competencia funcional para emitir la decisión. Debido a estas irregularidades en la conformación y competencia de la sala, la sentencia carece de los requisitos para considerarse una verdadera...