Antecedentes del caso

La solicitud de extensión fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que se reconociera y pagara la prima especial y sus demás factores de salario y prestaciones, conforme a una sentencia previa de la sección segunda del Consejo de Estado. La entidad convocada negó dicha solicitud, por lo que se elevó el trámite ante la misma Corporación para su análisis.

Competencia y trámite

La Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para tramitar la solicitud de extensión, conforme a los artículos 125 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La decisión estuvo a cargo del despacho encargado tras cambios en la composición de la sala y la designación de conjueces para suplir impedimentos de magistrados titulares.

Fundamentos jurídicos y análisis

El mecanismo de extensión de jurisprudencia busca garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho, evitando procesos judiciales repetidos para casos similares ya decididos. Sin embargo, para que proceda, la sentencia cuya extensión se solicita debe ser una verdadera sentencia de unificación jurídica, dictada conforme a los procedimientos legales y reglamentarios. En este caso, se evidenció que la sentencia objeto de la solicitud fue adoptada por una "Sala Plena de Conjueces" conformada por un número superior al permitido y sin respetar el sorteo obligatorio para la asignación de competencia. Estas irregularidades vulneran la legalidad del fallo y la competencia funcional de quienes lo emitieron. Por tanto, aunque la sentencia abordó la naturaleza de la prima especial, no puede considerarse como una sentencia de unificación válida en los términos del artículo 270 del CPACA.

Decisión final

El despacho decidió avocar conocimiento del asunto, dejar sin efecto el auto previo que inadmitió la solicitud, y rechazar de plano la petición de extensión de jurisprudencia por incumplimiento de los requisitos esenciales. Finalmente, se ordenó archivar el expediente. Esta decisión ratifica la importancia de respetar los procedimientos y garantías que rigen la adopción de sentencias de unificación para asegurar la seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia. Con esta determinación, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la legalidad y la correcta aplicación del derecho, evitando así la proliferación de decisiones que carezcan de la debida validez y sustento jurídico.

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Consejo de Estado rechaza solicitud de extensión de jurisprudencia sobre prima especial de servicios

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