Contexto y antecedentes

La solicitud de extensión de jurisprudencia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, buscando que se reconozca y pague la prima especial, así como sus factores salariales, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social, conforme a una sentencia de unificación previamente proferida por una sala de conjueces del Consejo de Estado. Sin embargo, la Fiscalía negó la petición, lo que motivó que el solicitante acudiera directamente al Consejo de Estado.

Marco normativo y procedimiento

El mecanismo de extensión de jurisprudencia está regulado por los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este mecanismo permite que las autoridades administrativas extiendan los efectos de sentencias de unificación a quienes acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, garantizando así la igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. Desde la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, el procedimiento para tramitar estas solicitudes incluye la presentación razonada, análisis de admisibilidad, traslado a la entidad convocada, plazo para alegaciones y decisión de fondo. Además, el CPACA establece casos específicos en los cuales la solicitud debe ser rechazada de plano, entre ellos cuando no se acrediten la similitud entre los casos o cuando la sentencia invocada no sea una verdadera sentencia de unificación.

Irregularidades en la sentencia invocada

La sentencia objeto de la solicitud fue adoptada por una "Sala Plena de Conjueces" conformada por un número de integrantes que supera el límite legal establecido para la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esta conformación no tiene sustento constitucional, legal ni reglamentario, y vulnera las normas sobre sorteo...