Antecedentes del caso

La solicitud de extensión se presentó para aplicar los efectos de una sentencia de unificación sobre la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. La petición buscaba el reconocimiento de la prima especial y sus factores salariales, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social, conforme a dicha providencia. La entidad convocada negó la solicitud inicialmente, lo que motivó la elevación del caso ante el Consejo de Estado.

Marco normativo y procedimiento para la extensión de jurisprudencia

La extensión de jurisprudencia es un mecanismo previsto en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Su función es garantizar la aplicación uniforme de sentencias de unificación que reconocen derechos, a quienes acrediten situaciones fácticas y jurídicas similares. Este mecanismo busca evitar procesos judiciales repetitivos y promover la seguridad jurídica, la igualdad y la economía procesal. El trámite para la extensión fue modificado por la Ley 2080 de 2021, estableciendo fases claras como la presentación razonada, análisis de admisibilidad, traslado a las entidades convocadas, alegaciones y decisión de fondo. Además, el artículo 269 del CPACA señala causales específicas para rechazar de plano una solicitud, entre ellas la presentación extemporánea o la falta de competencia en la sentencia invocada.

Competencia y vicios en la sentencia original

La sentencia objeto de la extensión fue adoptada por una “Sala Plena de Conjueces” conformada por 15 conjueces, lo que excede el número máximo permitido para la sección correspondiente. Además, se evidenció que algunos conjueces no fueron asignados mediante el sorteo reglamentario, lo que...