La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sesión del 26 de mayo de 2025, resolvió un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Arauca, la cual había negado la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.

Antecedentes del caso

La demanda de reparación directa fue presentada por un grupo familiar que alegó perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad sufrida por uno de sus integrantes en un proceso penal. En primera instancia, el juzgado declaró responsable a la Rama Judicial por los daños ocasionados. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Arauca revocó esta decisión en 2019, argumentando que la medida de aseguramiento se ajustó a los presupuestos legales y que existía culpa exclusiva de la víctima por no impugnar dicha medida.

Análisis del recurso extraordinario de unificación

El recurso fue concedido para analizar si la sentencia impugnada desconocía o contradecía una sentencia de unificación previa del Consejo de Estado de 2013, que establecía la responsabilidad objetiva del Estado en casos de privación injusta de la libertad cuando la absolución se basaba en el principio in dubio pro reo. No obstante, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló que dicho criterio había evolucionado y cambiado en una sentencia de unificación posterior de 2018, que estableció que el funcionario judicial debe realizar un análisis razonado y específico en cada caso para determinar el régimen de imputación aplicable. Esta última jurisprudencia fue la vigente al momento de la sentencia recurrida.

Decisión y relevancia jurídica

La Sala concluyó que el Tribunal Administrativo de Arauca aplicó correctamente el criterio vigente y que el recurso no puede utilizarse para reabrir el debate probatorio o jurídico que corresponde al juez natural de la causa. Por tanto, declaró infundado el recurso extraordinario de unificación y condenó en costas a los recurrentes. Este fallo reafirma que el recurso extraordinario de unificación tiene un carácter excepcional y se limita a consolidar criterios jurisprudenciales, evitando revisiones amplias de hechos o pruebas. Además, destaca la importancia de aplicar el régimen jurídico vigente en el momento de la decisión y respeta la autonomía judicial para valorar cada caso concreto. En conclusión, la decisión del Consejo de Estado aclara la aplicación del régimen de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad y limita el uso del recurso extraordinario de unificación para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales.