Contexto del caso y decisión judicial

En un proceso de única instancia, el actor interpuso demanda contra la Agencia Nacional de Minería, solicitando la nulidad de dos resoluciones emitidas en 2019 y 2020 que rechazaban y archivaban una solicitud de formalización de minería tradicional. Argumentó que, conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos, la solicitud debía considerarse como derecho adquirido, citando el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y sentencias previas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de abril de 2025, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Además, fijó las agencias en derecho en un (1) smmlv, considerando que el asunto no involucraba pretensiones pecuniarias y que la entidad demandada participó activamente en el proceso.

Implicaciones y procedimiento ulterior

La fijación de las agencias en derecho se realizó conforme al Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, que establece tarifas específicas para procesos en única instancia sin cuantía pecuniaria. La secretaría procederá a liquidar las costas procesales según lo previsto en el Código General del Proceso. Una vez ejecutoriada la sentencia, se continuará con la aprobación de la liquidación correspondiente. Este fallo reafirma la aplicación del principio "tempus regit actus", según el cual la norma vigente al momento de los hechos es la que debe aplicarse, aunque haya sido derogada posteriormente. Sin embargo, en este caso, el tribunal concluyó que no existía fundamento para declarar derecho adquirido a la solicitud de formalización minera. Con esta decisión, se...