Contexto del caso y alcance del recurso

El conflicto surgió a raíz de un contrato estatal de obra pública celebrado entre una entidad administrativa especial del sistema estratégico de transporte público de una ciudad y un consorcio contratista. Este último interpuso demanda arbitral solicitando la declaración de incumplimiento por parte de la entidad y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. El tribunal arbitral, con sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio local, negó las pretensiones del contratista mediante laudo del 10 de octubre de 2024. El consorcio presentó recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado, fundamentado en la supuesta falta de jurisdicción del tribunal arbitral para conocer la controversia, argumentando que un oficio emitido por la entidad pública constituía un acto administrativo de interpretación unilateral que modificaba el contrato.

Decisión del Consejo de Estado sobre la jurisdicción y competencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado concluyó que el oficio en cuestión es una simple comunicación contractual que respondió a una petición del contratista, sin constituir un acto administrativo ni ejercer potestades exorbitantes. Además, el consorcio no cuestionó formalmente la legalidad de dicho oficio durante el proceso arbitral ni en la demanda, limitándose a solicitar la declaratoria de incumplimiento y el restablecimiento del equilibrio económico. Por lo tanto, el tribunal arbitral actuó dentro de su jurisdicción y competencia al resolver la controversia, ya que no estudió ni moduló la validez o efectos de un acto administrativo. La controversia se centró en determinar si existió desequilibrio económico en el contrato y la procedencia del reajuste de precios, lo cual es materia propia del arbitraje.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma que los tribunales arbitrales pueden conocer controversias contractuales cuando no se cuestionan actos administrativos en sentido estricto, preservando la separación de competencias entre la jurisdicción contencioso administrativa y el arbitraje. Asimismo, confirma que la comunicación contractual que no ejerce potestad unilateral no limita la competencia arbitral. Finalmente, el Consejo de Estado condenó en costas al recurrente y ordenó la comunicación de la decisión a las partes y al tribunal arbitral para efectos legales correspondientes, cerrando así la controversia y fortaleciendo la seguridad jurídica en los contratos estatales sometidos a arbitraje.

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Consejo de Estado confirma jurisdicción del tribunal arbitral en controversia contractual con entidad de transporte público

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