El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, decidió inadmitir la demanda presentada contra el Decreto 0572 de 2025, que sustituye varios artículos del Decreto 1625 de 2016 relacionados con las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar retención en la fuente.

Contexto y fundamento de la demanda

La demanda alegaba que el decreto violaba los artículos 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución Política, que asignan al Congreso la competencia exclusiva para establecer tributos y definir sus elementos esenciales como base gravable, tarifas y sujetos pasivos. Se argumentaba que la norma modificaba estos elementos sin mediación legislativa, configurando una usurpación de funciones legislativas por parte del Ejecutivo. También se señaló que el decreto afectaba la progresividad tributaria y generaba una carga regresiva sobre la clase media, empleados formales, emprendedores y pequeños empresarios.

Decisión sobre la admisión y procedimiento adecuado

El magistrado ponente concluyó que el decreto es un acto administrativo de carácter general, pero no cumple con los requisitos para la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, ya que no fue dictado en ejercicio de una expresa atribución constitucional ni corresponde a un reglamento constitucional autónomo. Por lo tanto, el medio adecuado para impugnar la norma es el de nulidad simple, conforme al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, se inadmitió la demanda y se concedió un plazo de diez días para que el demandante la adecúe conforme a los requisitos legales, advirtiendo que la falta de subsanación conllevará a su rechazo definitivo.

Implicaciones para los afectados

El decreto regula...