Antecedentes y objeto de la demanda

La demanda buscaba anular el Decreto 0639 de 2025, argumentando que su expedición incumple normas constitucionales y legales. En particular, se alegó que el decreto fue firmado por ministros encargados sin la delegación constitucional necesaria y que se vulneraron los artículos 104 y 209 de la Constitución Política, así como preceptos de la Ley 1757 de 2015. Además, se cuestionó la motivación del decreto, señalando que se omitió un procedimiento claro antes de convocar la consulta popular.

Competencia y naturaleza del decreto

El Consejo de Estado, en única instancia, es competente para conocer de actos administrativos de contenido electoral, como es el caso del Decreto 0639, que establece un mecanismo de participación ciudadana. Este decreto fue expedido haciendo uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad respecto al requisito constitucional del concepto favorable del Senado, el cual fue negativo. La corporación destacó que el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley debe cumplirse para convocar una consulta popular, incluyendo la fase previa de obtención del concepto del Senado. El decreto impugnado se emitió sin cumplir dicho requisito, por lo que el control judicial debe ejercerse previamente.

Motivos para la inadmisión de la demanda

La demanda no cumplió con los requisitos formales exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en particular aquellos relacionados con la individualización precisa de las pretensiones, los fundamentos de derecho, las normas presuntamente vulneradas y el concepto de violación. El escrito adoleció de una exposición clara del cargo de nulidad relacionado con la firma del decreto por ministros encargados...