Antecedentes del caso

El decreto cuestionado fue expedido por el presidente de la República el 11 de junio de 2025, convocando una consulta popular para el 7 de agosto del mismo año. Anteriormente, el Senado de la República negó el concepto favorable para la convocatoria, votando 49 en contra y 47 a favor. A pesar de esto, el Ejecutivo decidió expedir el decreto, argumentando vicios procedimentales en la decisión del Senado y declarando inaplicable por inconstitucional dicha negación. Los demandantes solicitaron la nulidad del decreto por violar normas constitucionales y legales, en ...