El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, resolvió admitir la demanda presentada contra el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente de la República convocó a una consulta popular nacional con 12 preguntas relacionadas con reforma laboral. La demanda fue presentada por una ciudadana que argumentó que el decreto es inconstitucional por desconocer el mandato del artículo 104 de la Constitución Política, que exige el concepto previo favorable del Senado para convocar consultas populares.

Control judicial y competencia

El tribunal precisó que, aunque el decreto invoca normas constitucionales, su contenido desarrolla una facultad legal establecida en leyes estatutarias (Ley 134 de 1994 y Ley 1757 de 2015). Por lo tanto, el decreto no constituye un reglamento autónomo de naturaleza constitucional, sino un acto administrativo general de contenido electoral que debe ser revisado bajo el medio de control de nulidad simple previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Asimismo, el Consejo de Estado negó la solicitud del presidente de la República para remitir el proceso a la Corte Constitucional, señalando que el control judicial de constitucionalidad de las consultas populares de orden nacional corresponde a esta última, pero solo para revisar vicios de procedimiento en la convocatoria y realización, y de forma posterior a la manifestación de voluntad popular. En este momento, la competencia para estudiar la legalidad del decreto recae en el Consejo de Estado.

Decisiones adicionales y procedimiento

Finalmente, la Sala rechazó la petición de remitir el caso a la Sala Plena del Consejo de Estado para...