Síntesis del caso

La acción de grupo fue interpuesta por familiares de un joven desaparecido forzadamente en marzo de 2002, con el fin de declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños materiales y morales ocasionados. La demanda argumentó que la desaparición fue perpetrada por un grupo paramilitar y solicitó indemnizaciones significativas por perjuicios morales, materiales y daños a la vida de relación.

Antecedentes procesales

El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones, concluyendo que si bien se acreditó el daño consistente en desaparición forzada, no se demostró que este derivara de una omisión estatal, debido a que no se solicitó protección especial ni existían indicios de peligro concreto que el Estado debiera haber previsto o resistido. La investigación penal no logró identificar al autor material, por lo que el daño fue atribuido a terceros indeterminados.

Análisis jurídico y jurisprudencial

El Consejo de Estado examinó si la sentencia incurrió en defecto fáctico por no decretar pruebas de oficio y si corresponde imputar al Estado la responsabilidad por los hechos. Se recordó que en delitos de lesa humanidad, la carga probatoria es flexible y el juez debe actuar activamente para esclarecer la verdad. Sin embargo, esta potestad no sustituye la carga probatoria de las partes ni implica presunción de responsabilidad. Se precisó que la imputación jurídica requiere un análisis normativo que vincule el daño con una obligación incumplida por el Estado. La teoría de la posición de garante establece que el Estado responde cuando, conociendo un peligro concreto y teniendo medios para evitarlo, omite adoptar las medidas necesarias. No...