Antecedentes y objeto de la controversia

El Consorcio Primera Infancia 2021 interpuso demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por presunto incumplimiento del contrato de interventoría No. 01015332021, suscrito en 2021. Según el consorcio, ejecutó las actividades y entregó los productos conforme a lo pactado, pero el ICBF se abstuvo injustificadamente de aprobarlos y pagar los valores correspondientes. Además, se alegó que el ICBF aplicó un parámetro de supervisión no previsto en el contrato ni en el pliego de condiciones, representado por una “Guía técnica de consulta” que fue socializada unilateralmente. El consorcio solicitó medidas cautelares para suspender el procedimiento sancionatorio iniciado por el ICBF, que declaró incumplimiento y aplicó cláusula penal pecuniaria, argumentando que la continuidad del proceso podría causar perjuicios irreparables, como daño reputacional y afectación en procesos de contratación pública debido a la reducción de puntaje prevista en la Ley 2195 de 2022.

Decisión del Tribunal Administrativo y apelación

El Tribunal Administrativo del Cauca negó las medidas cautelares, estimando que no estaba sustentada la procedencia en esta etapa procesal, ya que la materia sustancial del debate corresponde al fondo del proceso y requiere análisis exhaustivo. Además, señaló que el estudio del incumplimiento debe darse en la sentencia, sin que la suspensión del procedimiento sancionatorio fuera procedente. Frente a esta decisión, el consorcio interpuso recurso de apelación, argumentando que el tribunal aplicó incorrectamente el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), exigiendo requisitos que esta norma no contempla para decretar medidas cautelares. Asimismo, señaló que la continuidad del procedimiento sancionatorio podría generar decisiones contradictorias respecto...