Antecedentes del caso y responsabilidad estatal

El caso se originó tras la muerte de cinco personas que realizaban labores de minería ancestral (barequeo) en una mina ubicada en la vereda El Bajito, corregimiento de San Antonio de Chuare, municipio de López de Micay (Cauca), el 13 de junio de 2011. La tragedia se produjo por una avalancha cuya causa se atribuyó inicialmente al movimiento de maquinaria pesada utilizada en actividades de extracción ilegal de oro en la zona. Los demandantes solicitaron la reparación patrimonial extracontractual contra diversas entidades públicas, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el departamento del Cauca, el municipio de López de Micay y la Fiscalía General de la Nación. Se les imputó responsabilidad por omitir sus funciones de vigilancia, control y prevención frente a la minería ilegal y la explotación con maquinaria pesada.

Sentencia de primera instancia y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de mayo de 2018, declaró administrativamente responsables a las entidades demandadas y condenó solidariamente al pago de indemnizaciones por perjuicios morales, materiales y daños a bienes constitucionalmente protegidos. Sin embargo, redujo la condena en un 50% por concurrencia de culpas, argumentando que las víctimas contribuyeron al riesgo al no inscribirse en el registro municipal de barequeo y al no tomar precauciones frente a la presencia de maquinaria pesada. Las entidades demandadas interpusieron recursos de apelación, alegando principalmente la ausencia de nexo causal, la culpa exclusiva de las víctimas, el hecho de un tercero y la fuerza mayor. La parte demandante también...