Contexto del caso y solicitud probatoria

En un proceso relacionado con la elección del alcalde de Planeta Rica, la parte recurrente presentó en apelación una solicitud para decretar diversas pruebas, entre ellas documentos oficiales de un partido político, comunicados de prensa, listas de admitidos a programas académicos, publicidad de cursos y un oficio de la universidad local. La petición incluía además la solicitud de un oficio para que la universidad certificara la existencia de funcionarios temporales que atendieran su oferta académica en el municipio durante 2022 y 2023. La justificación de la solicitud se basó en que algunas pruebas no se aportaron en primera instancia debido a que se conocieron posteriormente, y en la necesidad de esclarecer la verdad sobre presuntas conductas relacionadas con el proceso electoral.

Análisis jurídico y fundamentos de la decisión

El despacho revisó la petición a la luz del artículo 212 del CPACA, que establece causales específicas para el decreto de pruebas en segunda instancia. Se concluyó que la solicitud no encuadra en las hipótesis permitidas, considerando que: - No fue una petición de común acuerdo entre las partes. - No se trató de pruebas cuyo decreto se hubiera negado en primera instancia. - No versó sobre hechos ocurridos después del término para solicitar pruebas en primera instancia. - No se alegó fuerza mayor o caso fortuito que impidiera solicitar las pruebas previamente. Además, se observó que algunas pruebas aportadas correspondían a hechos conocidos desde antes del trámite inicial, por lo que no eran procedentes para ser admitidas en esta etapa. Respecto a la solicitud de oficio para que la universidad certificara información sobre su planta temporal, se indicó que esta petición carece de coherencia con los hechos alegados inicialmente y no fue planteada oportunamente. Por tanto, no se consideró procedente decretarla.

Conclusión y efectos

En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió denegar la solicitud probatoria presentada en apelación. Esta decisión refuerza la importancia de respetar los plazos y causales establecidos en el CPACA para la práctica de pruebas, garantizando así la seguridad jurídica y el debido proceso en los asuntos electorales. Una vez ejecutoriada la providencia, se abrirá un término para que las partes presenten sus alegatos de conclusión, y posteriormente el Ministerio Público emitirá concepto antes de que el despacho profiera la decisión final del caso, poniendo fin al proceso judicial en esta materia.

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Consejo de Estado niega solicitud probatoria en apelación sobre nulidad electoral en Planeta Rica (Córdoba)

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