Antecedentes del caso

En una providencia emitida el 4 de febrero de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó sentencias previas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negaban las pretensiones de la demanda en dos procesos acumulados. En dicha providencia, se declaró patrimonialmente responsable a la Nación, representada por la rama judicial y la Fiscalía General, por los perjuicios ocasionados debido a la privación de la libertad de las víctimas directas de estos procesos. Asimismo, se condenó al pago de indemnizaciones por perjuicios morales y lucro cesante a favor de las víctimas y sus familiares, tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y sumas específicas en pesos colombianos. Posteriormente, el apoderado de la parte demandante solicitó la corrección de los nombres consignados en el acápite resolutivo de la sentencia, debido a errores en la identificación de dos demandantes. Esta solicitud fue atendida favorablemente mediante auto del 19 de octubre de 2023, que enmendó los ordinales correspondientes en el fallo.

Decisión y alcance de la corrección

En marzo de 2025, la parte demandante presentó nuevamente una petición para corregir los nombres en la sentencia. Sin embargo, el Consejo de Estado decidió no pronunciarse de fondo sobre esta solicitud, al considerar que ya había sido resuelta en el auto de octubre de 2023. Por tanto, se confirmó la corrección efectuada previamente, asegurando la exactitud en la identificación de las partes involucradas en el proceso. Finalmente, la Sala ordenó que, una vez en firme esta providencia, se devuelva el expediente al tribunal de origen para continuar con los trámites correspondientes, garantizando así...