Contexto y antecedentes del caso

El proceso surgió a raíz de la solicitud de corrección en el registro de un inmueble, promovida por el propietario, que pretendía construir dos proyectos inmobiliarios con regímenes de propiedad horizontal diferentes sobre un mismo predio. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) emitió una nota devolutiva señalando la improcedencia de inscribir un nuevo reglamento de propiedad horizontal sobre el mismo bien, lo que motivó una actuación administrativa y el bloqueo de los folios de matrícula correspondientes. El demandante alegó que la demora en resolver esta actuación administrativa y el bloqueo prolongado de los folios de matrícula le causaron daños materiales y morales, por lo que demandó a la Superintendencia de Notariado y Registro, solicitando su responsabilidad patrimonial.

Decisión en primera instancia y apelación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a la demanda, declarando la responsabilidad de la entidad demandada y condenándola al pago de perjuicios morales. Sin embargo, la Superintendencia interpuso recurso de apelación, argumentando que la actuación administrativa se ajustó a la legalidad, que la demora obedeció a la complejidad del asunto y la carga laboral, y que el demandante incurrió en omisiones al no adecuar correctamente los instrumentos públicos.

Análisis y fallo del Consejo de Estado

La Sala revisora destacó que el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y confirmó la competencia para conocer del recurso de apelación. En cuanto al daño alegado, reiteró que debe ser cierto, personal y probado, y que la mora administrativa solo configura daño si la dilación es injustificada, teniendo en cuenta la complejidad...