El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación presentado por una empresa comercial contra el auto del tribunal administrativo que negó el decreto de prueba documental solicitado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho frente a una liquidación oficial expedida por la DIAN. La prueba consistía en que la entidad tributaria informara si había practicado requerimientos especiales a ciertas compañías respecto del IVA en períodos específicos, por exclusión de ventas de computadores personales. El tribunal había negado la prueba argumentando que la parte demandante podía obtener dicha información mediante derecho de petición, conforme al artículo 173 del Código General del Proceso (CGP). Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que la información solicitada corresponde a documentos fiscales de terceros con carácter de reserva legal según los artículos 583 y 693 del Estatuto Tributario, por lo que no era accesible mediante derecho de petición.

Análisis de pertinencia y utilidad de la prueba

Al analizar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba conforme al artículo 168 del CGP, la sala concluyó que la información requerida no guardaba relación directa con los problemas jurídicos del proceso. Estos se centran en la legalidad de la liquidación oficial y la correcta aplicación de normativas tributarias respecto a la exclusión del IVA en ciertos bienes, así como la posible desviación de poder y la sanción por inexactitud impuesta. La instancia confirmó que la función principal de la prueba en el proceso es esclarecer hechos controvertidos relacionados con las pretensiones y excepciones planteadas. En este caso, la prueba solicitada no aportaba elementos relevantes para resolver el litigio. Por...