Antecedentes del caso

La demanda fue presentada contra varias entidades estatales, incluyendo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el municipio respectivo, con el fin de declarar su responsabilidad por perjuicios derivados de la invasión de terrenos privados por parte de víctimas de desplazamiento forzado. La ocupación se produjo en 2018 y, aunque se ordenó un desalojo por parte del Inspector de Policía local, este fue suspendido por decisión judicial que otorgó un plazo para garantizar ayudas asistenciales a los ocupantes.

Decisión del tribunal y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control, dado que la acción se presentó fuera del plazo legal de dos años, contados desde la notificación de la orden judicial que suspendió el desalojo. Ante esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando que el plazo debía comenzar cuando cesara la ocupación o se cumpliera la orden judicial, y no desde la suspensión inicial.

Criterio del Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó que el plazo de caducidad para la reparación directa es perentorio y comienza a contarse desde que el afectado tuvo conocimiento del daño, que en este caso se concretó cuando venció el plazo otorgado para cumplir la orden judicial y la ocupación persistió. Se aclaró que la prolongación del daño en el tiempo o el incumplimiento de la orden no suspenden ni interrumpen dicho término, pues esto afectaría la seguridad jurídica y la estabilidad del tráfico jurídico. Además, se tuvo en cuenta la suspensión de...