Antecedentes y naturaleza del proceso

El proceso se originó en una demanda presentada en septiembre de 2013 para librar mandamiento de pago contra la UGPP, en calidad de sucesora de una entidad liquidada, por diferencias pensionales reconocidas en una sentencia de 2008. La demanda solicitaba el pago de diferencias pensionales indexadas, intereses moratorios y costas procesales. La sentencia base ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación tomando en cuenta factores salariales omitidos y estableció la forma de indexación y actualización de las sumas adeudadas.

Modificación judicial y recursos de apelación

El Tribunal Administrativo de Santander, en auto de julio de 2024, modificó las liquidaciones presentadas por las partes y aprobó la realizada por un contador liquidador adscrito al tribunal, fijando el valor adeudado con corte a enero de 2024. Ambas partes interpusieron recursos de apelación contra esta decisión, argumentando errores en la liquidación, cálculo de intereses, aplicación de límites pensionales y fecha de corte para la indexación.

Competencia y marco normativo

El Consejo de Estado, conforme a la legislación vigente y la jurisprudencia, es competente para resolver el recurso de apelación en relación con los reparos concretos formulados. Se recordó que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene competencia para procesos ejecutivos derivados de obligaciones judiciales contra entidades públicas y que la liquidación del crédito debe ajustarse estrictamente a lo establecido en el título ejecutivo.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

La Sala concluyó que el auto recurrido no respetó plenamente las reglas y parámetros establecidos en la sentencia base para la liquidación del crédito. Se señaló que la limitación de la cuantía de la pensión basada en...