El Consejo de Estado, en su Sección Cuarta, resolvió el recurso de apelación interpuesto por una sociedad frente a la modificación de su declaración de renta del año gravable 2012 y la imposición de una sanción por inexactitud por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La controversia giró en torno a la procedencia de costos asociados a operaciones de compraventa de oro con dos proveedores, que la DIAN desconoció por considerar inexistentes dichas operaciones.

Antecedentes y problemática jurídica

La DIAN realizó dos inspecciones tributarias para verificar las operaciones declaradas. En la primera, se detectaron irregularidades como la imposibilidad de localizar físicamente a los proveedores en las direcciones registradas, inconsistencias en sus actividades económicas reportadas y ausencia de cumplimiento en obligaciones tributarias, incluyendo la falta de presentación de información exógena y declaraciones tributarias. Además, se cuestionó la autenticidad de las facturas debido al fallecimiento del impresor registrado. El representante legal de uno de los proveedores declaró que la relación con la sociedad demandante no estaba relacionada con la compraventa de oro, sino con programas de apoyo a mineros, desconociendo las transacciones comerciales y documentos soporte. Incluso se presentó una denuncia penal contra un mandatario presuntamente involucrado en la expedición de facturas sin autorización. La sociedad demandante aportó documentación contable, formularios de ingreso y salida de mercancías a una zona franca, y certificaciones que, según ella, evidenciaban la realidad de las operaciones y el cumplimiento de los requisitos legales para la deducibilidad de los costos.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo destacó que la existencia de facturas y registros contables no excluye la...