Antecedentes del caso

En junio de 2011, se presentó una demanda de reparación directa contra el INPEC y un hospital público, por daños ocasionados tras la muerte de un recluso durante un ataque armado mientras era custodiado para una cita odontológica. En primera instancia, el tribunal administrativo competente declaró parcialmente responsables a las entidades demandadas. En noviembre de 2023, la sala tercera del Consejo de Estado modificó el fallo y confirmó la responsabilidad administrativa del INPEC y del hospital, condenándolos a pagar indemnizaciones por perjuicios morales a los familiares directos de la víctima.

Corrección solicitada y fundamentos

En septiembre de 2024, la parte demandante solicitó corregir la identificación de una de las beneficiarias de la condena, debido a un cambio en su apellido registrado en documentos oficiales. La sala analizó la solicitud y determinó que no existió error en la sentencia original, ya que se basó en los documentos aportados durante el proceso. Sin embargo, para facilitar la ejecución y gestión del pago, se accedió a la corrección solicitada, ajustando el nombre en la parte resolutiva sin variar el sentido ni el contenido del fallo.

Aspectos procesales y resolución

La corrección se fundamentó en el decreto que regula el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, que permiten corregir errores de omisión o alteración en las sentencias en cualquier momento. Además, se reconoció la personería del apoderado legal de una de las aseguradoras involucradas en el proceso. Finalmente, la sala ordenó notificar la providencia y devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el trámite. Este pronunciamiento reafirma la importancia de garantizar...