Contexto del caso y requerimiento de poder

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, analizó el desistimiento de un recurso de apelación presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra un auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que rechazó una demanda relacionada con el incumplimiento de un convenio interadministrativo. La demanda buscaba la declaración de incumplimiento, liquidación judicial del convenio y el pago por daños económicos causados por la no entrega de una estación de peaje. Al revisar el poder conferido al apoderado de la entidad demandante, el Consejo encontró que no incluía facultad expresa para desistir, requisito previsto en el artículo 315 del Código General del Proceso. Por ello, se concedió un plazo de cinco días para que la Agencia Nacional de Infraestructura allegue el poder correspondiente, sin lo cual continuará el trámite procesal pertinente.

Devolución de expediente remitido indebidamente

Asimismo, el Consejo advirtió que la remisión de un expediente adicional por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia no era procedente, pues no se trata de acumulación de procesos ni actuación que justifique su envío. Determinó que la decisión sobre la posible existencia de pleito pendiente debe ser resuelta por el juez natural y no por la instancia de apelación. Por esta razón, ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para que continúe con su trámite en primera instancia y adopte las medidas pertinentes.

Implicaciones para las partes

Este pronunciamiento enfatiza la importancia de contar con poderes claros y específicos para la realización de actos procesales, como el desistimiento de recursos, para evitar retrasos o nulidades en el proceso. Además, reafirma los límites de competencia en la remisión de expedientes entre instancias judiciales, garantizando el correcto desarrollo del procedimiento. En conclusión, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá cumplir con el requerimiento de poder para que el Consejo de Estado pueda resolver sobre el desistimiento solicitado, mientras que el Tribunal Administrativo retomará la actuación sobre el expediente devuelto, asegurando así el debido proceso y la correcta administración de justicia en esta controversia contractual.

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Consejo de Estado exige poder con facultad expresa para desistir en caso de controversia contractual

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