El caso en cuestión involucra una demanda de pérdida de investidura presentada por una veeduría ciudadana contra dos concejales del municipio de Sabaneta, Antioquia, para el periodo 2024-2027. La demanda inicialmente fue negada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que consideró insuficientes las pruebas para comprobar la causal alegada, en particular la relación de parentesco en segundo grado de afinidad entre los concejales, elemento esencial para configurar la falta. En respuesta, la parte demandante interpuso recurso de apelación, argumentando que se omitió valorar ciertos registros civiles por ser presentados extemporáneamente y solicitó que, de manera subsidiaria, se ordenara a la Registraduría Nacional del Estado Civil aportar dicha documentación. Se alegó que esta omisión afectó de manera decisiva la valoración de la causal de conflicto de intereses. El Tribunal Administrativo concedió el recurso de apelación, y el Consejo de Estado, tras revisar el expediente, determinó que corresponde a la Sección Primera conocer del recurso de apelación en esta materia. Esto se fundamenta en la normativa vigente, que asigna a los tribunales administrativos la competencia en primera instancia para asuntos de pérdida de investidura de concejales, y a la Sección Primera del Consejo de Estado la revisión en segunda instancia. Esta decisión es relevante para el proceso, ya que garantiza que el recurso de apelación sea evaluado por la instancia competente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para estas causas. Así, el expediente será remitido para su trámite y resolución conforme a las disposiciones aplicables. El caso seguirá su curso en la Sección Primera del Consejo de Estado, donde se resolverá finalmente sobre la...