El Consejo de Estado, en sala plena de lo contencioso administrativo, admitió la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura de una representante a la Cámara. La demanda se basaba en la presunta causal de tráfico de influencias, prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, alegando que la congresista habría ejercido influjo indebido para obtener nombramientos en una entidad pública a cambio de apoyo legislativo. La sala especializada en pérdida de investidura negó inicialmente la demanda al considerar ...