El Consejo de Estado, en sala plena de lo contencioso administrativo, admitió la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura de una representante a la Cámara. La demanda se basaba en la presunta causal de tráfico de influencias, prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, alegando que la congresista habría ejercido influjo indebido para obtener nombramientos en una entidad pública a cambio de apoyo legislativo. La sala especializada en pérdida de investidura negó inicialmente la demanda al considerar que no se demostraron los hechos ni los elementos necesarios para configurar la causal. La apelación fue presentada dentro del término legal, por lo que fue admitida para su trámite conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.

Rechazo de la solicitud de pruebas en segunda instancia

En cuanto a la solicitud de pruebas en segunda instancia, el Consejo recordó que estas sólo pueden decretarse cuando: (i) las partes lo solicitan de común acuerdo; (ii) se niegan en primera instancia sin culpa de la parte que las pide; (iii) se refieren a hechos posteriores a la oportunidad probatoria inicial; o (iv) no pudieron solicitarse antes por fuerza mayor o caso fortuito. Además, deben cumplir con los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y licitud. En este caso, la petición de pruebas adicionales fue rechazada porque no se encuadró en las causales legales. Se reiteró que las pruebas solicitadas en primera instancia fueron negadas por ser genéricas y no identificar procesos específicos relacionados, lo que impidió su valoración...