El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, decretó la acumulación de tres procesos que investigan la posible pérdida de investidura de un representante a la Cámara. Los procesos se sustentan en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, relativa a la indebida destinación de dineros públicos.

Antecedentes del caso

Las demandas fueron presentadas por varios ciudadanos que alegan que, en enero de 2021, funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista habrían colaborado en actividades particulares, lo que habría configurado la causal de pérdida de investidura. Los procesos fueron admitidos en fechas cercanas y aún no se han decretado pruebas en ninguno de ellos.

Fundamento jurídico para la acumulación

Según el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018, cuando varias acusaciones se formulen contra el mismo congresista y no se hayan decretado pruebas, los procesos deben acumularse para evitar duplicidades y optimizar la administración judicial. En este caso, al cumplirse estos requisitos, el Consejo de Estado decidió acumular el proceso más reciente a los ya existentes, tomando como base el expediente más antiguo.

Implicaciones y próximos pasos

Con esta acumulación, los procesos se unificarán para que el despacho competente provea sobre el decreto y la práctica de pruebas de manera conjunta. Esta medida busca garantizar un procedimiento más eficiente y coherente en la evaluación de la posible pérdida de investidura. La decisión refleja la importancia de la normativa que regula el procedimiento para estos casos y la necesidad de evitar trámites paralelos que puedan generar dilaciones. Se espera que, una vez ejecutoriada esta providencia, se avance...