El Consejo de Estado, en su Sección Quinta, resolvió una acción de tutela promovida contra la Presidencia de la República y el presidente en ejercicio, en la cual se solicitaba la protección de derechos fundamentales como la vida, la tranquilidad, la convivencia pacífica, la integridad personal, la libre locomoción, la igualdad y la propiedad.

Antecedentes y pretensiones

Los accionantes argumentaron que las instrucciones dadas por el presidente durante jornadas de protesta social dividían a la población según criterios sociales, raciales y económicos, y que se habrían impartido órdenes a la Fuerza Pública para abstenerse de actuar en ciertos casos, lo que, según ellos, representaría una amenaza a los derechos fundamentales y a la estabilidad nacional. Solicitaron medidas para que se retractara de tales instrucciones y garantizara la actuación efectiva de las autoridades para mantener el orden público y proteger los derechos de todos los ciudadanos sin distinción.

Posiciones de las entidades involucradas

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional solicitaron su desvinculación del proceso, argumentando que no existían hechos que involucraran su actuar en la vulneración de derechos fundamentales. Por su parte, la Presidencia de la República manifestó la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad y la ausencia de legitimación en la causa, al no haberse demostrado un daño concreto a los accionantes.

Análisis y fallo

La Sala encontró que la tutela no cumplía con los requisitos mínimos de procedencia, pues no fueron expuestos hechos claros y específicos que permitieran evaluar una acción u omisión concreta de la autoridad demandada. Se recordó que el ejercicio de la acción de tutela requiere la identificación...