Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó por una demanda presentada contra la definición de “Certificados de Aptitud Profesional” en el artículo 3° y las referencias a “Certificación de Aptitud Ocupacional” en los artículos 6°, 8° y 9° del Decreto 556 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Educación Nacional. La demanda solicitaba declarar la nulidad de dichas definiciones argumentando que el decreto excedía la competencia reglamentaria al permitir que personas con certificados de aptitud ocupacional se inscribieran en el Registro Abierto de Avaluadores, cuando la Ley 1673 de 2013 solo autorizaba la inscripción a quienes contaran con títulos o certificados de aptitud profesional.

Análisis jurídico y argumentos de las partes

El demandante alegó que la equiparación entre certificados de aptitud profesional y ocupacional mediante el decreto contradecía la ley, afectando la formación académica exigida para los avaluadores y vulnerando el principio de jerarquía normativa. Por su parte, la representación de la Presidencia de la República sostuvo que el Decreto 556 de 2014 fue compilado y no derogado por el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y que la reglamentación estaba dentro de las facultades legales del Ejecutivo. Se argumentó que los certificados de aptitud ocupacional expedidos por instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano son válidos para acreditar los conocimientos mínimos requeridos para la inscripción en el registro.

Decisión y fundamentos del Consejo de Estado

El Consejo de Estado determinó que los artículos demandados no han perdido vigencia, ya que fueron compilados y no derogados. Se recordó que la compilación implica agrupar normas sin modificar su contenido, función que no altera el ordenamiento jurídico. Además, el análisis del marco normativo evidenció que el decreto reglamenta adecuadamente la Ley 1673 de 2013 y las normas sobre educación para el trabajo y el desarrollo humano. Se destacó que la ley reconoce las certificaciones expedidas por instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano como válidas para acreditar la formación académica requerida para la inscripción como avaluador. El despacho concluyó que la reglamentación en el decreto es acorde con la ley y la Constitución, y que no existe evidencia suficiente para demostrar que las disposiciones impugnadas vulneren derechos fundamentales ni principios constitucionales. Por tanto, negó la solicitud de suspensión provisional de los artículos cuestionados.

Implicaciones prácticas

Esta decisión confirma que los certificados de aptitud ocupacional expedidos por instituciones legalmente reconocidas son válidos para acreditar la formación académica necesaria para la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores. De esta manera, mantiene vigente el marco regulatorio que permite la inscripción de avaluadores con diferentes tipos de certificaciones, siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Además, reafirma la potestad reglamentaria del Ejecutivo para precisar y complementar las disposiciones legales sin alterar su contenido ni exceder sus competencias. En conclusión, el fallo fortalece la seguridad jurídica en el sector de avaluadores, garantizando que la reglamentación vigente sea respetada y que las condiciones para la inscripción en el registro sean claras y ajustadas a la normatividad vigente. Esto contribuye a la profesionalización y al reconocimiento formal de los avaluadores en Colombia, facilitando su labor en el mercado y asegurando la calidad de sus servicios.

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Consejo de Estado niega suspensión provisional a definiciones del decreto que reglamenta la Ley 1673 de 2013

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