El Consejo de Estado resolvió sobre una demanda que solicitaba la nulidad de ciertas definiciones del Decreto 556 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Educación Nacional. La controversia gira en torno a la definición de certificados de aptitud profesional y certificados de aptitud ocupacional contemplados en el decreto, que reglamenta la Ley 1673 de 2013, la cual regula la actividad de los avaluadores.

Antecedentes y fundamento de la demanda

El demandante alegó que el decreto vulnera la jerarquía normativa al permitir que personas con certificados de aptitud ocupacional, expedidos por instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, puedan inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, cuando la Ley 1673 establece que solo quienes tengan títulos o certificados de aptitud profesional pueden hacerlo. Según la demanda, el decreto equivaldría indebidamente estos dos tipos de certificados, reduciendo los estándares de formación académica exigidos para la actividad de avaluación y poniendo en riesgo la comunidad.

Respuesta del Gobierno y análisis del Consejo de Estado

La Presidencia de la República, en defensa del decreto, señaló que el Decreto 556 de 2014 fue compilado posteriormente en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y que no se trata de una norma derogada sino vigente. Además, defendió que ambos certificados —de aptitud profesional y ocupacional— corresponden a programas de formación válidos y reconocidos por la autoridad competente, y que la Ley 1673 de 2013 permite la expedición de certificaciones por instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. El Consejo de Estado realizó un...