El Consejo de Estado, en providencia proferida el 7 de julio de 2025, abordó una demanda presentada contra el Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba adoptó su estatuto general. El proceso cuestiona, en particular, las disposiciones que ampliaron los períodos de los integrantes del consejo de tres a cuatro años y establecieron la reelección por un solo periodo. El demandante sostiene que la aprobación de estas reformas vulneró el reglamento interno del Consejo Superior, específicamente los artículos que regulan el quórum para deliberar y decidir, al haber maniobras que afectaron la transparencia y generaron un conflicto de intereses entre los miembros del órgano colegiado. En concreto, se alega que los consejeros involucrados se retiraron alternadamente durante la votación para evitar votar sobre la ampliación de su propio período, pero sí aprobaron la de sus pares, lo que implicaría una violación de los principios de moralidad y debido proceso. Por su parte, la Universidad de Córdoba defendió la legalidad del acto, fundamentándose en la autonomía universitaria y en que el Consejo Superior actuó dentro de sus competencias. Además, argumentó que las reformas promovieron la continuidad de las políticas institucionales y que la votación se realizó respetando el debido proceso, con la exclusión de los miembros que podrían beneficiarse directamente.

Negación de la excepción de cosa juzgada

En cuanto a la excepción de cosa juzgada planteada por la universidad, derivada de una sentencia previa que negó la nulidad de normas similares, la Sala determinó que no procede en este caso. Esto se debe...