El Consejo de Estado, en providencia proferida el 7 de julio de 2025, abordó una demanda presentada contra el Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017, mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba adoptó su estatuto general. El proceso cuestiona, en particular, las disposiciones que ampliaron los períodos de los integrantes del consejo de tres a cuatro años y establecieron la reelección por un solo periodo. El demandante sostiene que la aprobación de estas reformas vulneró el reglamento interno del Consejo Superior, específicamente los artículos que regulan el quórum para deliberar y decidir, al haber maniobras que afectaron la transparencia y generaron un conflicto de intereses entre los miembros del órgano colegiado. En concreto, se alega que los consejeros involucrados se retiraron alternadamente durante la votación para evitar votar sobre la ampliación de su propio período, pero sí aprobaron la de sus pares, lo que implicaría una violación de los principios de moralidad y debido proceso. Por su parte, la Universidad de Córdoba defendió la legalidad del acto, fundamentándose en la autonomía universitaria y en que el Consejo Superior actuó dentro de sus competencias. Además, argumentó que las reformas promovieron la continuidad de las políticas institucionales y que la votación se realizó respetando el debido proceso, con la exclusión de los miembros que podrían beneficiarse directamente.

Negación de la excepción de cosa juzgada

En cuanto a la excepción de cosa juzgada planteada por la universidad, derivada de una sentencia previa que negó la nulidad de normas similares, la Sala determinó que no procede en este caso. Esto se debe a que el nuevo proceso aborda aspectos y motivaciones jurídicas distintas, especialmente en relación con la forma de aprobación y los principios que se alegan vulnerados, así como por involucrar disposiciones no analizadas anteriormente.

Fijación del litigio y práctica probatoria

La Sala fijó el litigio para decidir si los artículos controvertidos están viciados de nulidad por incumplimiento del reglamento interno del Consejo Superior y por afectación del quórum, conflicto de intereses y violación de principios como la moralidad y transparencia en la toma de decisiones. Respecto a la práctica probatoria, se admitieron los documentos aportados por las partes, tales como actas y acuerdos, con el valor legal que corresponda. Además, se ordenó oficiar a la Universidad para que remita copia íntegra del Acuerdo 0021 de 1994, con el fin de comparar la regulación previa de los períodos de los consejeros.

Trámite de sentencia anticipada

Finalmente, la Sala dispuso tramitar sentencia anticipada, dado que el asunto corresponde a un tema de puro derecho y que no requiere la práctica de pruebas adicionales. Se concedió plazo para que las partes presenten alegatos de conclusión y para que el Ministerio Público emita concepto, si así lo considera. Con esta decisión, el Consejo de Estado da un paso relevante en el análisis de la legalidad de las reformas estatutarias de la Universidad de Córdoba, enfatizando la importancia del respeto a los principios de transparencia y debido proceso en la administración pública universitaria. Esta resolución sienta un precedente importante para futuros procesos relacionados con la autonomía universitaria y la gobernanza institucional.