Antecedentes del caso

En ejercicio del control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se presentaron demandas contra las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica y ordenó la inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos a un movimiento político. Los demandantes alegaron vulneración del ordenamiento superior, argumentando que no se comprobaron los supuestos de violencia sistemática y grave necesarios para la concesión de la personería, y que se hizo una valoración indebida de hechos violentos ocurridos en el pasado. También cuestionaron la utilización de los acuerdos de paz como fundamento jurídico para otorgar la personería.

Trámite procesal relevante

Las demandas fueron admitidas en octubre de 2024. El Consejo Nacional Electoral y el movimiento político demandado se opusieron a las pretensiones. Se negó la suspensión provisional del acto administrativo acusado. Los procesos fueron acumulados y se ordenó trámite de sentencia anticipada, estableciendo los medios de prueba que serían valorados. Tras diversas decisiones interlocutorias, se corrió traslado para alegatos de conclusión.

Solicitudes de complementación probatoria y nulidad procesal

El apoderado del movimiento político solicitó la complementación de pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, argumentando que la información entregada estaba incompleta, y pidió el levantamiento de la reserva sobre un informe clasificado como “secreto” y “de uso exclusivo”. Asimismo, solicitó la incorporación de documentos relacionados con procesos judiciales y casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, presentó una solicitud de nulidad procesal basada en supuestas irregularidades en el trámite, señalando que...