La demanda fue presentada contra la resolución número 00726 de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral, que adoptó decisiones sancionatorias contra un partido político y algunos excandidatos relacionados con las elecciones al Congreso de la República celebradas en marzo de 2022. La demanda cuestiona la validez del acto por una presunta notificación indebida y reclama la garantía del derecho al debido proceso. El monto de la sanción pecuniaria impuesta asciende a 19.459.513 pesos, lo que permite establecer la cuantía necesaria para definir la competencia judicial conforme al artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Aunque la parte demandante no estimó expresamente la cuantía en la demanda, el hecho de imponerse una multa con efecto económico hace evidente la cuantificación. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 155 y el numeral 2 del artículo 156 del CPACA, los juzgados administrativos conocerán de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho cuando la cuantía no exceda los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la competencia territorial se determina por el lugar de expedición del acto o del domicilio del demandante si la entidad demandada tiene sede allí. En este caso, el acto administrativo fue expedido en Bogotá D.C., y la demanda también fue radicada en esa ciudad. Por ello, la sala primera del Consejo de Estado declaró su falta de competencia y remitió las diligencias a los juzgados administrativos de Bogotá adscritos a la sección primera para su reparto y trámite correspondiente. Con esta decisión, se reitera el principio de competencia territorial y cuantitativa en la administración...