El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, analizó la solicitud de extensión de jurisprudencia interpuesta contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, relacionada con el reajuste de asignaciones de retiro para miembros de la fuerza pública. La petición buscaba que se aplicara el índice de precios al consumidor para ajustar las pensiones correspondientes a los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tras evaluar el caso, la entidad administrativa inicialmente negó la solicitud, argumentando que no existía una sentencia de unificación que amparara dicha extensión. Posteriormente, el Consejo de Estado abrió el trámite correspondiente y recibió alegatos tanto de la entidad convocada como del solicitante.

Marco normativo y precedente jurisprudencial

La sentencia de unificación de 17 de mayo de 2007, dictada por la misma Sección Segunda, estableció que para los miembros de la fuerza pública, el reajuste de las pensiones debía hacerse conforme al IPC certificado por el DANE, privilegiando este criterio sobre otros sistemas normativos previos. Esta decisión reconoció que el sistema basado en el IPC era más favorable en comparación con el principio de oscilación previsto en el Decreto 1212 de 1990, que busca mantener la igualdad salarial entre personal activo y retirado mediante ajustes vinculados a las asignaciones en actividad. Sin embargo, el Consejo también estableció la aplicación de la prescripción cuatrienal para las reclamaciones, conforme al artículo 155 del Decreto-ley 1212 de 1990, limitando así el periodo para exigir reajustes atrasados.

Decisión y alcance

En el caso concreto, se determinó que la solicitud de extensión de jurisprudencia era viable únicamente para los años 2002 y 2003, dado que en esos períodos el reajuste aplicado por la entidad fue inferior al IPC. Para los demás años reclamados, ya sea el reajuste aplicado fue igual o superior al IPC, o las diferencias están prescritas conforme al término legal. El Consejo de Estado ordenó el reajuste de la mesada pensional para los años señalados, aplicando el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, y reconoció el pago de las diferencias correspondientes. Se estableció que las diferencias causadas con anterioridad a junio de 2011 se encuentran prescritas. Finalmente, no se impuso condena en costas, ya que no se evidenció mala fe o temeridad en las actuaciones procesales. Esta decisión reafirma la importancia del criterio del IPC para el reajuste pensional de los miembros retirados de la fuerza pública, en línea con los precedentes jurisprudenciales, y delimita claramente los efectos temporales de las reclamaciones por reajustes, garantizando así una mayor seguridad jurídica en la materia.