Antecedentes del caso

Un grupo de aspirantes impugnó el Acuerdo 563 de 2016, mediante el cual la Comisión Nacional del Servicio Civil reglamentó la convocatoria para proveer cargos de dragoneante en el INPEC. Los demandantes cuestionaron los numerales 2 y 6 del artículo 22, argumentando que contravenían principios legales y constitucionales. Además, solicitaron la nulidad de la respuesta a una reclamación administrativa y del acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo. Los actores buscaron ser reintegrados al concurso y continuar con las pruebas para ser incluidos en la lista de elegibles y nombrados en el cargo.

Competencia del Consejo de Estado

El Consejo de Estado explicó que, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la Ley 2080 de 2021, su competencia para conocer medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho se limita a ciertos casos específicos, principalmente en única instancia o con doble conformidad para actos disciplinarios contra altos funcionarios como el vicepresidente o congresistas. Sin embargo, no tiene competencia para conocer en única instancia procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral.

Competencia para procesos laborales

El Consejo aclaró que los procesos laborales dentro de la jurisdicción contencioso administrativa tienen reglas de competencia específicas y deben tramitarse en doble instancia, siendo los juzgados y tribunales administrativos los competentes en primera instancia según la cuantía y naturaleza del proceso. En particular, para demandas radicadas antes del 25 de enero de 2022, corresponde a los juzgados administrativos conocer de los procesos laborales con cuantía inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a los tribunales administrativos los de cuantía superior. A partir de esa fecha, los juzgados administrativos conocen todos los procesos laborales sin importar la cuantía.

Decisión y efectos prácticos

En el presente caso, dado que la demanda fue presentada en junio de 2018 y tiene naturaleza laboral, corresponde al juzgado administrativo de Bogotá conocer del proceso en primera instancia. Por ello, el Consejo de Estado declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a dicho juzgado para la continuación del trámite. Se aseguró que las actuaciones realizadas conservarán validez salvo que la autoridad competente determine rehacer alguna diligencia. Esta decisión subraya la importancia de respetar las reglas de competencia en materia laboral dentro de la jurisdicción administrativa, garantizando así el debido proceso y la correcta distribución de funciones jurisdiccionales. Con esta resolución, se reafirma el compromiso del Consejo de Estado con la adecuada administración de justicia y el respeto a las normas procesales vigentes, asegurando el acceso efectivo a la justicia para todos los ciudadanos involucrados en procesos laborales.