El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección b, resolvió rechazar de plano una solicitud de extensión de jurisprudencia presentada ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ). La petición buscaba el reajuste salarial equivalente al 80% de la remuneración percibida por magistrados de alta corte, con pago retroactivo por diferencias en la bonificación por compensación. La solicitud se basaba en una sentencia proferida en mayo de 2016 por la sala de conjueces de esta corporación, que pretendía unificar criterios sobre esta bonificación. Sin embargo, el Consejo revisó el proceso y detectó vicios en su trámite, particularmente en la conformación irregular de la sala que adoptó la decisión.

Irregularidades en la conformación de la sala

Se constató que los impedimentos de los magistrados que integraban la sala no fueron tramitados conforme a las normas procesales vigentes, y que el sorteo para designar a los conjueces se realizó de forma incorrecta, contraviniendo lo establecido en el Decreto 1 de 1984. Estas fallas afectaron la competencia funcional del tribunal que emitió la sentencia, invalidando su carácter de unificación jurisprudencial.

Rechazo fundamentado y consecuencias procesales

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia por no fundamentarse en una sentencia válida de unificación. Además, se dejaron sin efecto los autos que admitieron la solicitud y prescindieron de la audiencia de alegaciones. Esta decisión refleja la importancia de respetar los procedimientos legales para garantizar la validez y obligatoriedad de los precedentes judiciales. El...