Contexto y antecedentes

El Consejo de Estado analizó la solicitud presentada para extender los efectos de sentencias de unificación jurisprudencial relacionadas con el reajuste de asignación de retiro de soldados profesionales entre 1997 y 2004, conforme a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La petición planteaba que los incrementos salariales decretados resultaron inferiores al IPC, afectando el poder adquisitivo de los beneficiarios. La entidad administradora de la asignación negó inicialmente la solicitud, alegando falta de cumplimiento de los requisitos legales para la extensión de jurisprudencia.

Mecanismo y requisitos para la extensión de jurisprudencia

El mecanismo de extensión de jurisprudencia, regulado por los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), busca garantizar la aplicación uniforme de sentencias de unificación que reconocen derechos, evitando procesos judiciales repetitivos y promoviendo la seguridad jurídica y la igualdad. La Ley 2080 de 2021 modificó el procedimiento, estableciendo fases claras como la presentación razonada, análisis de admisibilidad, traslado a la entidad convocada, alegaciones y decisión de fondo. La ley exige que la solicitud no sea extemporánea, que se trate de sentencias de unificación que reconozcan derechos y que no se haya agotado previamente la vía judicial para obtener el mismo reconocimiento.

Análisis del caso y decisión

En este caso, la solicitud fue presentada ante la entidad competente en febrero de 2018, la cual respondió dentro del término legal. Sin embargo, la petición ante el Consejo de Estado se presentó en septiembre de 2019, más allá del plazo máximo para acudir a esta instancia, configurando una presentación extemporánea. Además, se constató que...