Antecedentes y competencia

El 3 de julio de 2024 se presentó una demanda de nulidad contra el artículo 2.2.27.2, literal c), numeral 4 del Decreto 1083 de 2015, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este decreto es conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública y regula diversos aspectos del sector. El Consejo de Estado, en su Sección Segunda, declaró su competencia para conocer este asunto en única instancia, conforme al artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones, dado que se trata de la nulidad de un acto administrativo de carácter general.

Alcance y requisitos de la demanda

La demanda fue admitida porque cumple con los requisitos legales establecidos en el CPACA, incluyendo la identificación clara de las partes, la exposición precisa de las pretensiones y los hechos, la individualización del acto administrativo demandado, y la presentación de copia del mismo. Además, se acreditó el envío de la demanda a la entidad demandada. La demanda cuestiona la inclusión de la entrevista como un requisito en el proceso de elección de personeros, señalando que este componente tiene un carácter político determinante.

Procedimiento y próximos pasos

El Consejo de Estado ordenó notificar la admisión de la demanda a la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública, al agente del Ministerio Público delegado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se estableció un periodo de traslado de treinta días para que la parte demandada suministre los documentos y antecedentes relacionados con el acto administrativo impugnado. Asimismo, la comunidad será informada sobre el proceso a través de la página electrónica del Consejo de Estado, garantizando la transparencia del procedimiento. Este caso representa un importante precedente en la revisión de los actos administrativos que regulan los procesos de elección en el sector público, especialmente en lo relacionado con requisitos que podrían influir en decisiones políticas. La resolución final contribuirá a definir los límites entre los aspectos técnicos y políticos en estos procesos, buscando garantizar la imparcialidad y transparencia en la selección de personeros.

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Consejo de Estado admite demanda contra decreto único reglamentario del sector de función pública

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