Admisión de la demanda y competencia

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 305 del 5 de marzo de 2024. Este decreto establece los sueldos básicos para oficiales, suboficiales y agentes de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, así como bonificaciones específicas para ciertas categorías y modificaciones en comisiones. La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en atención a posibles vicios de constitucionalidad en disposiciones del decreto. La Sala declaró su competencia para conocer este asunto en única instancia, dada la naturaleza laboral y general del acto administrativo cuestionado.

Remisión para posible acumulación de procesos

El Consejo determinó que existen otros procesos en trámite con pretensiones y hechos similares relacionados con el mismo decreto. Por ello, ordenó remitir el expediente al despacho encargado de uno de estos casos para analizar la posible acumulación de los procesos. Esta medida busca garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia en la administración de la justicia, evitando decisiones contradictorias y agilizando el trámite.

Notificaciones y plazos procesales

Se dispuso notificar personalmente a las entidades demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se estableció un término de treinta días para que las partes puedan ejercer sus derechos procesales, conforme a las normas vigentes. Finalmente, se informó que el proceso será divulgado en la página electrónica del Consejo de Estado, promoviendo la transparencia y el acceso a la información pública. Este pronunciamiento representa un paso procedural importante en la revisión judicial del Decreto 305 de 2024, que afecta directamente a empleados públicos del sector Defensa y Seguridad, y que podría derivar en modificaciones normativas según la decisión final del Consejo de Estado. La continuación del proceso judicial será seguida de cerca por los sectores involucrados, quienes esperan una resolución que garantice la equidad y legalidad en la remuneración del personal militar y policial.