El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, subsección B, analizó una solicitud de extensión de jurisprudencia presentada por una funcionaria fiscal en relación con la bonificación judicial prevista en el decreto 382 de 2013. La petición buscaba que se reconociera esta bonificación como factor para la liquidación de prestaciones sociales, basándose en una sentencia de unificación emitida en 2020 por la sección segunda de la corporación.

Competencia y marco normativo del mecanismo de extensión de jurisprudencia

El análisis partió de la competencia del Consejo de Estado para tramitar este tipo de solicitudes, conforme a los artículos 125 y 269 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA). La extensión de jurisprudencia tiene como finalidad garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho y evitar que los ciudadanos deban acudir a procesos judiciales para obtener el reconocimiento de derechos ya consolidados en sentencias de unificación. Este mecanismo fue modificado por la ley 2080 de 2021, que estableció un procedimiento específico que incluye la presentación razonada de la solicitud, análisis de admisibilidad, traslado a la entidad convocada, término para alegaciones y decisión de fondo. Además, el artículo 269 del CPACA prevé el rechazo de plano en casos como presentación extemporánea, falta de similitud con la sentencia invocada, o cuando la sentencia no sea de unificación o no reconozca un derecho.

Fallas en la sentencia invocada y ausencia de similitud con la situación planteada

El Consejo de Estado constató que la sentencia invocada, aunque titulada como de unificación, fue adoptada por una "sala plena de conjueces" integrada por un cuórum de...