Antecedentes del caso

La demanda fue presentada contra el Decreto 1545 de 2013, expedido por la Presidencia de la República, que establece la prima de servicios para el personal docente y directivo docente oficial de las instituciones educativas de preescolar, básica y media. La acción buscaba la nulidad parcial del artículo 3 de dicho decreto.

Fundamentos jurídicos y análisis

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, es competente para conocer de esta demanda, al tratarse de un acto administrativo de carácter general con temática laboral. Se constató que la parte demandante actuó en nombre propio, cumpliendo con la capacidad y derecho de postulación conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Asimismo, se reconoció que la demanda fue presentada dentro del término oportuno, dado que no hay límite para impugnar actos administrativos generales. Sin embargo, la demanda presentó deficiencias formales relevantes. Aunque identificó correctamente a las partes, expuso con claridad las pretensiones y señaló las normas presuntamente violadas, no relató de manera precisa y numerada los hechos que fundamentan la demanda, requisito esencial según el artículo 162 del CPACA. Además, se acreditó la imposibilidad de notificar por medios electrónicos a las entidades demandadas, lo cual fue aceptado por el Consejo.

Decisión y consecuencias

Por estas razones, el Consejo de Estado inadmitió la demanda y otorgó un plazo de diez días para que se subsanen los defectos formales señalados. De no corregirse, la demanda podría ser rechazada. Esta resolución reafirma la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos procesales en las demandas contra actos administrativos, especialmente en casos que...